(Bariloche2000) - Un grupo de legisladores del bloque CCARI Cambiemos presentó un proyecto de Ley en la Legislatura de Río Negro que propone establecer el *Silencio Administrativo Positivo* en la provincia. Este mecanismo permitiría que, en caso de no obtener una respuesta dentro del plazo estipulado de 60 días, las solicitudes, trámites o reclamos realizados por ciudadanos y empresas se consideren automáticamente aprobados.
En diálogo con Engranaje de Radio Seis, la legisladora Roberta Scavo explicó: “Tiene que ver con que cuando se presenten solicitudes, reclamos, peticiones o trámites de cualquier índole, y que requieran una respuesta del Estado, los mismos deben tener un resultado en 60 días”.
El proyecto de Ley busca modificar el actual sistema de silencio administrativo, establecido en el artículo 18 de la Ley Provincial N.º 2938 de Procedimiento Administrativo. Según esta normativa vigente, el silencio por parte de la Administración se interpreta como una respuesta negativa, habilitando al ciudadano a recurrir a la vía judicial.
La nueva propuesta pretende derogar esa disposición y establecer que el silencio sea considerado como una respuesta afirmativa, salvo en casos específicos donde la complejidad técnica, jurídica o estratégica requiera más tiempo de análisis. En esos casos, las autoridades deberán informar al interesado en un plazo no mayor a 15 días que necesitan hasta 30 días adicionales para resolver el trámite.
Según los autores de la iniciativa, esta medida apunta a facilitar la resolución de trámites, reducir la burocracia y beneficiar tanto a ciudadanos como a empresas. “Muchas veces las respuestas a determinadas gestiones tardan más de lo razonable, ocasionando una gran diversidad de inconvenientes de menor o mayor gravedad”, argumentaron en un comunicado.
El proyecto toma como referencia la Ley Nacional N.º 27.742, conocida como Ley Bases, que ya aplica el concepto de silencio positivo en algunos ámbitos del país, salvo excepciones en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos.
Los legisladores explicaron que este cambio permitiría agilizar trámites y favorecer la inversión en la provincia, evitando que las demoras administrativas frustren proyectos empresariales o frenen iniciativas de desarrollo económico y social. En este sentido, señalaron que “la demora de la Administración en responder también frustra iniciativas empresariales y evita o retarda inversiones que podrían contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social”.
Por su parte, Scavo sostuvo que el objetivo es lograr que “el gobierno nacional adhiera a esta ley, porque en caso de no obtener esa respuesta en 60 días, lo que se considera es que esa respuesta fue positiva”.
La propuesta ya comenzó a generar discusiones sobre su implementación y posibles limitaciones. Aunque podría representar un avance en términos de simplificación de trámites, también pone sobre la mesa los desafíos para garantizar que las dependencias estatales cuenten con los recursos necesarios para cumplir con los plazos establecidos.
De aprobarse, esta normativa significaría un cambio significativo en la relación entre el Estado y los ciudadanos, al otorgar mayor certeza y previsibilidad a los trámites administrativos. Sin embargo, los próximos debates legislativos definirán si Río Negro da este paso hacia la modernización de su sistema administrativo.
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