La legisladora Ayelén Espósito se pronunció sobre la deuda que las obras sociales mantienen con los hospitales públicos de la provincia de Río Negro y explicó las medidas que se implementarán para garantizar el cobro de los servicios prestados a los afiliados de estas entidades. En declaraciones a Engranaje, programa de Radio Seis, Espósito explicó el origen del problema y detalló cómo la nueva ley, ya aprobada, intenta ofrecer una solución definitiva.
Hasta hace unos años, los hospitales públicos cobraban las prestaciones brindadas a pacientes con obras sociales o prepagas mediante un sistema centralizado a través de la Superintendencia de Salud. "Antes, el hospital facturaba y luego la Superintendencia liquidaba lo que se debía", señaló la legisladora. Sin embargo, la desregulación del sistema y la Ley de Bases pusieron fin a este mecanismo, lo que obligó a cada hospital o ministerio a negociar convenios directamente con las obras sociales para recibir el pago correspondiente.
Río Negro, según lo manifestado por Espósito, intentó alcanzar estos acuerdos con las entidades de salud, pero no logró resultados satisfactorios hasta el momento. Por eso, se presentó un proyecto que, al convertirse en ley, busca asegurar el cobro de las prestaciones realizadas por la salud pública a pacientes que cuentan con cobertura de obra social o prepaga.
Al ser consultada sobre los detalles del nuevo esquema de cobro, Espósito aclaró que aún no está definido el monto exacto que deberá cobrarse. "Es un monto que hay que discutir todavía", expresó, agregando que se solicitó la inclusión de un nomenclador en la ley para determinar los valores de las prestaciones. Dicho nomenclador, comentó la legisladora, es similar al que se utiliza a nivel nacional y será detallado una vez que se reglamente la ley.
La legisladora también subrayó que el proyecto pone especial énfasis en las deudas acumuladas por PAMI e IPROSS, dos de los mayores deudores del sistema de salud pública provincial. "Proponíamos que esté específico lo que es la obra social PAMI e IPROSS, porque son los usuarios que más van al hospital público", afirmó. Según los análisis preliminares, IPROSS adeuda cerca de 70 mil millones de pesos, considerando los hospitales de nivel 6, lo que pone en evidencia la magnitud del problema.
La importancia de esta ley radica en su capacidad para ofrecer un respiro financiero a la salud pública rionegrina, que enfrenta constantes desafíos para cubrir las necesidades urgentes de los ciudadanos. "Los trabajadores del Estado son los que más acceden a la Salud Pública", indicó Espósito, haciendo referencia a la gran cantidad de empleados públicos que dependen de IPROSS para acceder a servicios médicos.
A pesar de reconocer el impacto positivo de la ley, Espósito fue clara en que no resolverá todos los problemas estructurales del sistema de salud pública. "Creo que esto no resuelve de fondo la situación de la salud pública, creo que es un elemento más", advirtió. Sin embargo, enfatizó que si los convenios se concretan y la reglamentación específica con claridad los mecanismos de cobro, la ley representará una inyección financiera significativa para los hospitales. "Es un mecanismo más que esperamos que sirva y se recupere el dinero por esas prestaciones", concluyó la legisladora.
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