La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche ordenó al intendente Walter Cortés reincorporar a los oficiales de Justicia Pablo Kryslowski y Carlos Burgos, quienes prestaban servicio en el Juzgado de Faltas I. La medida fue adoptada luego de que el juez Gustavo Contin, titular del Juzgado de Faltas I, presentara una denuncia formal alegando violación de los procedimientos administrativos y disposiciones legales por parte del Ejecutivo municipal.
Según aseguró Contin, Kryslowski y Burgos tienen 26 años y 14 años de antigüedad como oficiales de Justicia, y son irremplazables en su función, al menos en lo inmediato.
La decisión del intendente Cortés fue firmada hace una semana y consistió en reasignar a Kryslowski y Burgos a la Dirección de Inspección General. Contin aseguró que la decisión pone en riesgo el funcionamiento del tribunal, ya que los oficiales desplazados realizan tareas esenciales como clausuras, decomisos y otras diligencias específicas para las que están capacitados.
En diálogo con Engranaje de Radio Seis, Estanislao Casaux, presidente del Tribunal de Contralor dijo: "yo constaté un deterioro en la justicia municipal. Solicitamos que dejen la resolución sin efecto". En respuesta a esta situación, el intendente Cortés emitió una nueva resolución dejando sin efecto la Resolución N.º 1538-I-2024, tal como lo exigió el Tribunal de Contralor. Según el artículo 1 de la resolución, se "deja sin efecto en un todo de acuerdo". Además, se encomienda al Departamento de Personal la notificación a los agentes Kryslowski y Burgos para que retornen a sus funciones como Oficiales de Justicia en el Juzgado Municipal de Faltas Nº 1.
Según se desprende de la denuncia del Dr. Contin, el traslado fue ordenado por una nota del intendente Cortés dirigida a la Subsecretaría de Recursos Humanos el 24 de junio de 2024, en la cual se solicitaba el pase inmediato de los oficiales al área de Inspección General. Contin argumentó que esta decisión no fue consultada con el Juzgado ni respetó los protocolos para movilidades internas, los cuales requieren análisis técnico y ordenamiento específico. Además, expresó que la reasignación generó una acumulación de expedientes y tareas que solo pueden ser realizadas por los oficiales de Justicia capacitados.
"Entendemos que después se analizará el fondo de la cuestión y si el intendente, en el concurso de sus facultades, podría realizar esta cuestión dentro de los procedimientos de la ordenanza", mencionó Casaux, quien comentó que al labrar un acta constató que había más de 150 expedientes que necesitan la participación de estos oficiales que habían sido despedidos. "No quiero que sigan escalando los conflictos. Si el intendente quiere continuar, nosotros tenemos que velar por los procedimientos", dijo.
El Tribunal de Contralor, mediante la Asesoría Letrada, verificó in situ las consecuencias de la medida, constatando una parálisis en las funciones del Juzgado, con expedientes acumulados, clausuras sin ejecutar y pérdidas de bienes decomisados. En su dictamen, el Asesor Letrado enfatizó que la función de los oficiales de Justicia es indispensable para el cumplimiento de las tareas del Juzgado y que su desplazamiento sin causa justificada podría constituir una violación a la estabilidad del empleado municipal, reconocida en el artículo 18 del estatuto municipal.
Según Casaux, lo que no se discute es el fondo de la cuestión, sino los procedimientos y las consecuencias. "Estamos hablando de una resolución que deja sin efecto a otra resolución, y muerto el perro se terminó la rabia", concluyó.
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