(Bariloche2000) - El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 5, encabezado por la Dra. María Eugenia Capuchetti, decidió archivar la causa que involucraba a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y a varios funcionarios de su gestión. La denuncia, impulsada en junio de 2019 por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), alegaba la existencia de un plan sistemático de represión contra comunidades mapuches en la Patagonia, pero el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para sostener la acusación.
La APDH acusaba a Bullrich y a miembros de su ministerio de haber coordinado una estrategia de persecución y estigmatización hacia comunidades mapuches con el objetivo de desalentar reclamos por tierras ancestrales y favorecer intereses empresariales. Según el expediente, se los vinculaba con hechos como desalojos forzosos, espionaje ilegal y violencia institucional.
La causa, caratulada "Bullrich, Patricia y otros s/homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros", abarcaba además una serie de incidentes que incluyeron muertes, daños materiales y enfrentamientos entre comunidades indígenas y fuerzas de seguridad.
El Fiscal a cargo de la investigación había solicitado antecedentes de decenas de causas vinculadas a conflictos territoriales en la Patagonia. Entre los episodios señalados destacaban las muertes de Santiago Maldonado en Chubut y Rafael Nahuel en Villa Mascardi, así como denuncias por quema de propiedades, cortes de rutas y otros incidentes.
En su fallo, la jueza Capuchetti analizó trece expedientes judiciales y más de cincuenta hechos delictivos relacionados con la denuncia. También valoró informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio de Seguridad, entre otros organismos.
Según el fallo, “la evidencia recopilada no cumple con los requisitos mínimos para la configuración de un hecho punible”. La jueza concluyó que las actuaciones del Ministerio de Seguridad no respondieron a un plan criminal, sino a intervenciones puntuales en casos denunciados ante la justicia. “Las acciones de las fuerzas policiales federales actuaron en coordinación con fiscalías y juzgados correspondientes, descartándose la hipótesis de una maniobra sistemática desde el ministerio”, agrega la resolución.
La magistrada también destacó que el conflicto territorial entre comunidades indígenas y el Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, tiene raíces históricas y estructurales, pero que no se pudo probar la participación directa o indirecta de las autoridades ministeriales en los hechos denunciados.
Este archivo judicial también subraya la complejidad de los conflictos en la región patagónica, donde persiste la tensión entre los derechos de las comunidades indígenas y la administración de tierras en disputa. El fallo, sin embargo, se limitó a evaluar las acciones del Ministerio de Seguridad sin emitir pronunciamientos sobre las causas subyacentes del conflicto.
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