En diálogo con Radio Seis el funcionario informó que las llamadas maliciosas pueden ser sancionadas económicamente o con días de arresto. Explicó que para la investigación brindan a la justicia todo el material, audio y cartillas que se hacen cuando el operador toma contacto. El número que llamó ayer por el alerta de la Universidad ya tiene tres llamadas previas. Si bien en el momento se registra que la amenaza corresponde a la universidad de Viedma, como dice que es una sede y no precisa cuál se aplicó el protocolo en todas las sedes.
El teléfono en cuestión es de Viedma. Se están escuchando audios, bajándolos y se presentarán todos los casos en el juzgado de paz. Ramírez aclaró que "el caso de ayer tuvo un alcance en toda la provincia".
Comentó que hoy no hay ningún teléfono que no se pueda rastrear el titular, y aclaró que aunque haya sido un menor el que llamó el responsable es el adulto.
Una vez identificado el número se da la información al juez de paz, dado que los jueces tienen acceso a los titulares de las líneas, por parte de las empresas.
En el 2018 se recibieron entre 6000 a 8000 llamados falsos. "Todos se estudian y analizan", afirmó y agregó que "no se trata de cuando uno marca sin querer, sino cuando involucran mover un vehículo, policía, bomberos y al llegar se certifica que no hay nada".
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