El Gobierno Nacional oficializó la venta de más de 300 terrenos y edificios públicos en todo el país a través del Decreto 950/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial. La decisión abarca bienes inmuebles considerados innecesarios para la gestión estatal y busca mejorar la eficiencia administrativa y enfrentar la crisis económica actual. Entre los inmuebles a enajenar se encuentra un predio en San Carlos de Bariloche, con ubicación estratégica sobre la costanera del lago Nahuel Huapi, en la calle 12 de Octubre al 1250.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será la encargada de gestionar el proceso de venta, disposición o transferencia de estos inmuebles, según establece el decreto. La normativa faculta a la AABE a desafectar propiedades del patrimonio estatal que ya no tienen un uso asignado, presentando un doble objetivo: evitar costos innecesarios y generar oportunidades para emprendimientos de interés público orientados al desarrollo y la inclusión social.
“Se han identificado inmuebles ociosos cuyo mantenimiento genera gastos que deben evitarse”, establece el documento oficial, justificando la medida en la necesidad de optimizar los recursos del Estado y prevenir gastos superfluos. La AABE tendrá la responsabilidad de coordinar las ventas y auditorías sobre los inmuebles para garantizar la transparencia del proceso.
Bariloche: un predio frente al Nahuel Huapi
Uno de los bienes destacados en la lista es el inmueble en Bariloche, ubicado frente a la Escuela 266. Con una superficie total de 2.762 metros cuadrados e incluyendo una vivienda, el terreno goza de una ubicación privilegiada en plena costanera. Las autoridades explicaron que este tipo de inmuebles, al no cumplir ya una función específica en la gestión estatal, pueden transformarse en oportunidades para proyectos de desarrollo local.
Además del predio barilochense, la medida involucra inmuebles distribuidos en diversas provincias, como Neuquén, donde también se desafectaron propiedades sin destino asignado. Según el decreto, la venta de estos activos forma parte de un plan integral para hacer frente a la crisis económica y evitar que bienes subutilizados sigan generando costos para el Estado.
El decreto señala que mantener inmuebles sin un destino específico implica "desatender intereses prioritarios del Estado", por lo que la medida busca liberar recursos que puedan ser redirigidos hacia áreas estratégicas. "El objetivo es alcanzar una administración más eficiente y ágil", se indica en el texto oficial, destacando la importancia de estas acciones en un contexto económico complejo.
Asimismo, la normativa remarca que la iniciativa se enmarca dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo para disponer de los bienes públicos en función del interés general. Tanto la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la AABE como la Jefatura de Gabinete de Ministros intervinieron en la elaboración del decreto, asegurando la legalidad y pertinencia del proceso.
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