El gobierno de Estados Unidos intensificó su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ofreciendo hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Esta recompensa también se extiende a figuras clave de su gobierno, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, con el objetivo de desmantelar lo que Washington considera una "estructura represiva y antidemocrática".
Además, el Departamento del Tesoro sancionó a varios altos funcionarios venezolanos involucrados en abusos a los derechos humanos y corrupción.
Entre los sancionados se encuentran Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal PdVSA, y Ramón Celestino Velásquez Araguayán, presidente de la aerolínea estatal Conviasa.
Ambos son señalados por su participación en el apoyo económico al régimen de Maduro y en la represión violenta del pueblo venezolano. Estas sanciones buscan bloquear las entradas económicas del gobierno de Maduro y exponer a los actores clave involucrados en estas prácticas.
Otro sancionado relevante es Douglas Arnoldo Rico González, director del CICPC, quien ha sido señalado por liderar abusos graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Según las autoridades estadounidenses, el CICPC ha estado a cargo de la represión desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, las cuales fueron calificadas como fraudulentas por Estados Unidos y sus aliados.
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