Desmantelaron una red de trata de personas en la Comarca Andina

Policiales

La Policía Federal, a través de su Unidad Operativa Federal Esquel, desmanteló una red de trabajo esclavo en Lago Puelo, Chubut. Las investigaciones, que comenzaron con la identificación de un complejo de cabañas con un polígono de tiro a cielo abierto, llevaron a la imputación de un matrimonio local acusado de someter a personas a condiciones laborales y de vida inhumanas.

La PFA desmanteló una red de trabajo esclavo
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En un operativo realizado por la Unidad Operativa Federal Esquel de la Policía Federal Argentina, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas que permitieron localizar varios complejos de cabañas en Lago Puelo. Durante el transcurso de la investigación, se descubrió que uno de estos complejos poseía un polígono de tiro a cielo abierto, lo que llamó la atención de las autoridades.

La pesquisa se enfocó particularmente en un matrimonio residente en Lago Puelo, quienes resultaron ser los principales sospechosos. Según las autoridades, no solo estarían involucrados en el caso que originó la denuncia, sino que también estarían vinculados a otros complejos turísticos de cabañas en la región. En estos lugares, los agentes identificaron a varias personas que sufrían condiciones laborales y de vida de extrema precariedad. "Se encontraban realizando tareas de construcción, mantenimiento y limpieza en condiciones de vida inhumanas", afirmaron fuentes policiales.

Los trabajadores, según el informe policial, vivían en construcciones sin terminar, sin acceso a servicios básicos como gas o agua corriente, y en algunas edificaciones que ni siquiera contaban con puertas o ventanas. Las víctimas no estaban registradas como trabajadores formales y carecían de cobertura social, asistencia médica, o aportes previsionales. Este hallazgo motivó una intervención más profunda para salvaguardar los derechos humanos de las personas afectadas.

El objetivo primordial de la investigación, explicaron desde la Policía Federal, fue la protección de los derechos humanos y la recolección de pruebas fundamentales para avanzar en el proceso judicial. Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia.

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también colabora en el análisis de las pruebas recogidas durante el operativo. Hasta el momento, los investigados quedaron imputados y la causa permanece bajo estricta reserva para evitar entorpecer el proceso. 

7 septiembre, 2024
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