El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos este martes contra tres individuos acusados de formar una asociación ilícita que operaba en la ciudad desde febrero de 2022. Según detallaron las autoridades, el grupo se dedicaba a la apropiación y negociación ilegal de inmuebles a través de una serie de maniobras delictivas que incluyeron usurpación, defraudación y falsificación de documentos.
Uno de los imputados, quien ya había sido condenado a veinte años de prisión por el homicidio de Facundo Bargiela, y otro acusado como partícipe necesario en ese mismo caso, son señalados como los “brazos operativos” de la organización. Según la Fiscalía, ellos se encargaban de intimidar y amenazar a las personas involucradas en los negocios ilegales, cumpliendo un rol clave en la estructura delictiva.
El tercer acusado, imputado hoy por encubrimiento, aportaba conocimientos técnicos y recursos financieros al grupo. Su rol incluía proporcionar documentos falsificados y asesoramiento financiero, así como recursos materiales que facilitaran las actividades ilícitas de la asociación.
“La organización estaba estructurada con cierta estabilidad y permanencia, lo cual permitió a sus integrantes ejecutar una pluralidad de maniobras delictivas”, explicó el fiscal a cargo. La investigación reveló que los miembros de la banda criminal distribuían sus tareas en función de sus conocimientos y habilidades particulares, como experiencia en falsificación de documentos, manejo de armas, y capacidad de intimidación.
Para coordinar sus acciones, los tres hombres mantenían un grupo de WhatsApp denominado “Lotes”, donde discutían la planificación de reuniones y las estrategias para la comercialización ilegal de los terrenos. A través de este canal, el grupo gestionaba el desarrollo de maniobras que incluían desde falsificación de escrituras hasta la intimidación de propietarios y la ocupación indebida de inmuebles.
La red de actividades ilícitas que conformaron estos individuos comenzó a desmoronarse el pasado 7 de abril de 2024, con el homicidio de Facundo Bargiela. Las autoridades lograron acumular un sólido sustento probatorio que incluye testimonios, análisis forenses, documentación y 5000 hojas de extracción forense de los celulares de los imputados, así como informes de Gendarmería Nacional. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó escrituras públicas, cesiones de derechos, DNI de diversas personas y documentos de compraventa, además de anotaciones manuscritas que fueron secuestradas durante la investigación.
Los abogados defensores de los acusados no se opusieron a la formulación de los cargos, aunque dos de ellos expresaron su desacuerdo respecto a la declaración del caso como “causa compleja”, argumentando que la extensión del plazo era excesiva. No obstante, el Juez de Garantías que presidió la audiencia dio por formulados los cargos de asociación ilícita, en concordancia con los artículos 210 y 45 del Código Penal, y asignó responsabilidad en calidad de coautores a los acusados.
Encubrimiento agravado
En una audiencia anterior, uno de los imputados fue acusado de encubrimiento agravado en el contexto del homicidio de Bargiela. Según detallaron los fiscales, el acusado habría recibido en su domicilio al autor material del crimen junto con el vehículo supuestamente utilizado para cometerlo. Además, se le imputó haber gestionado la limpieza del automóvil en un lavadero local para eliminar evidencias del delito.
El fiscal explicó que “procuró alterar y hacer desaparecer rastros existentes en dicho vehículo, disponiendo su traslado a un lavadero de esta ciudad para su limpieza ese mismo día”. Durante un allanamiento realizado el 17 de abril de 2024 en su vivienda, el imputado habría negado a las autoridades haber tenido contacto con el vehículo tras haberlo prestado, proporcionando información falsa para desvirtuar las pruebas y dificultar la investigación.
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