Debate caliente en el Concejo por la recuperación del poder concedente de electricidad

Una nueva sesión del Concejo municipal se tensó este jueves en el tratamiento sobre tablas de un proyecto de la edil Julieta Wallace, para que Bariloche recupere el poder concedente de la distribución de energía eléctrica, en manos de la provincia de Río Negro.
Wallace enumeró una extensa lista de antecedentes y la historia de idas y vueltas del tema, que incluso tuvo un período en manos de la Municipalidad, hasta que la necesidad de recuperar el poder concedente fue establecida primero en la Carta Orgánica reformada en 1996, y en la siguiente actualización de 2007.
“Es un tema institucional, al jurar como concejales todos prometimos cumplir con la Carta Orgánica, y este proyecto apunta a hacer realidad la manda de la Carta Orgánica”, expresó la concejal de Incluyendo Bariloche.
Lo fundamentó en la oportunidad de ingresar alrededor de $500 millones de pesos anuales, que es lo que pagaría de canon la CEB este año, que “ahora se lleva la Provincia”, y en la oportunidad de dirigir obras de infraestructura esenciales para la ciudad, ante las que hoy la Provincia “mira para otro lado”.
Entre otros argumentos, dijo que el ente regulador provincial “poco puede hacer desde Cipolletti” y que al tener Bariloche mejorará el poder concedente el control y la regulación del servicio.
La primera voz opositora a la iniciativa fue planteada por la concejal de JSRN Laura Totonelli, quien hizo referencias a la complejidad del cambio de jurisdicción del poder concedente, en especial porque afecta a Dina Huapi y Villa Mascardi además de Bariloche.
Con fundamentos a los que adhirieron sus pares de bloque Natalia Almonacid y Juan Pablo Ferrari, Totonelli agregó que además esa pretensión colisiona con la Constitución y leyes de Río Negro, y que sería muy complejo para la ciudad desarrollar un ente regulador y de control de la distribución eléctrica eficiente. También relativizaron el beneficio económico para la ciudad, con la responsabilidad e inversiones que traería aparejado el cambio.
Tomás Hercigonja (PUL), que había apoyado la iniciativa en comisión, se expresó en contra en forma coincidente con los ediles de JSRN, al igual que Samantha Echenique del PRO.
Los cruces se intensificaron cuando Wallace sostuvo que apoyar el proyecto es un deber de “honestidad intelectual”, por el mandato de la Carta Orgánica, a los que todos salieron a confrontar con distintos razonamientos y posiciones.
Finalmente, el proyecto fue rechazado por 7 votos a 3, y su autora anticipó que volverá a presentarlo en seis meses.