El 18 de septiembre de 2021 unos contratistas del empresario forestal Rolando Rocco le avisaron que un grupo de mapuches se había instalado en su campo de Cuesta del Ternero, reivindicando su propiedad ancestral, y coordinaron concurrir a hacer la denuncia policial por usurpación contra la comunidad Quemquemtreu. Primero en el destacamento del paraje, luego en la Comisaría 12 de El Bolson. Ese mismo día una comisión policial al mando del oficial Federico Letorneau se presentó, y sin poder identificar a los ocupantes, comunicó la novedad a la Comisaría 12 y la Fiscalía de El Bolsón, y puso en marcha un proceso judicial que el miércoles pasado cumplió tres años, generó un amplio debate y múltiples acciones, y este martes 24 cumplió su segunda audiencia del juicio por usurpación contra la Lof Quemquemtreu.
Esta jornada, el tribunal presidido por la jueza Romina Martini se dedicó por completo a desmenuzar cómo ocurrió la ocupación denunciada como ilegal por Rocco y la Fiscalía, y reivindicada como recuperación de territorio ancestral por la comunidad Quemquemtreu, y el movimiento policial que demandó en los primeros meses.
Los acusados son Mauro Vargas, Ariadna Mansilla Cedron, Juan Cruz Baeza, Lautaro Cardenas, Alejandro Morón y Romina Jones.
El testimonio central fue del retirado comisario general Osvaldo Tellería, en ese momento jefe de la Policía de Río Negro, quien coordinó las primeras diligencias policiales, y luego el enorme movimiento de efectivos, grupos, móviles, equipos y recursos que demandó la situación. Todo a cargo del juez Ricardo Calcagno y los fiscales Francisco Arrien (El Bolsón) y Betiana Minor (Bariloche), además de otros funcionarios judiciales.
Lo precedió Letorneau, quien describió al grupo de dos mujeres, una con un hijo, y tres hombres, como las caras visibles de la ocupación, que era protagonizada por otras personas que no se acercaron. Pancartas y la bandera mapuche en un cerco del campo completaban la escena. "Eran 6 o 7, pero dijeron que eran 20 o 30. No quisieron firmar la cédula para presentarse en la Fiscalía y se negaron a identificarse", dijo el policía. Ante la pregunta de la defensora de la comunidad Andrea Reile, estimó que ocupaban alrededor de 10 hectáreas.
Tellería prestó testimonio vía zoom y fue muy preciso en la descripción de lo sucedido y al responder preguntas de la fiscal jefa Betiana Cendón, el fiscal Arrien y el querellante Ernesto Saavedra, y contó cómo coordinó las actuaciones con el ex jefe de la Regional III, comisario mayor Elio Tapia, el ex jefe del COER, comisario Principal Roberto Sánchez, y otras autoridades policiales y judiciales.
Lograron desalojar sin incidencias la ocupación principal. Tellería organizó a alrededor de 40 hombres de distintas comisarías, el COER y la brigada Montada, entre otras divisiones, en tres grupos, para realizar un allanamiento en la ocupación. Sólo logró que se identifiquen las mujeres, y secuestró entre otros elementos bolones de rulemanes y trahuiles (boleadoras), pero no armas de fuego. En este procedimiento los policías fueron atacados y algunos lesionados, los ocupantes varones se quedaron en la zona dispersos y las mujeres se retiraron de la escena.
"Todo fue filmado con body cam (cámaras que llevan los uniformados en sus cuerpos), go pro (otro tipo de cámaras) y un drone de la Fiscalia", agregó Tellería.
Pero los ocupantes regresaron a los pocos días y restablecieron su dominio. El juez Calcagno ordenó que no vuelvan a ingresar y dispuso un refuerzo policial enorme, que llevó a los efectivos a cerca de 100 de distintas unidades de toda la provincia, que terminarían acampando en el lugar, muchos lejos de sus familias y lugares de trabajo habituales, a un alto costo para las arcas provinciales. El cerco policial se conformó de un doble cordón, que buscó cortar todo contacto y recepción de suministros de la comunidad.
En ese contexto hubo un encuentro (traun) de alrededor de 70 integrantes de distintas comunidades mapuches de la región, que elevó la tensión en el lugar, y dos incendios intencionales, que si bien no fueron reivindicados asociaron a acciones mapuches por panfletos: en la Oficina de Informes Turísticos a estrenar de El Bolsón, y del campamento de Vialidad Rionegrina en el oeste de Bariloche.
"Fue impresionante el gasto en viáticos, insumos. Cada empleado fuera de su lugar debía recibir acompañamiento y sus familias también. Generó problemas importantes. Cubrir eso fue muy costoso, no puedo cuantificar, pero el gasto fue muy importante", recordó Tellería, destacando que el cerco se mantuvo hasta fin de año.
Al preguntar, la defensora Reile buscó contrastar ese despliegue policial con el número de personas que protagonizaron la ocupación, entre seis y veinte integrantes de la comunidad. Y obtuvo la respuesta que buscaba: los ocupantes no tenían armas de fuego.
También testimonió la oficial Principal Denise López, quien reconoció a los seis acusados como los principales integrantes de la ocupación; Sánchez, mostrando los videos registrados, y Karina Uribe, quien ofició como responsable de la investigación de la Unidad Operativa de la Tercera Circunscripción Judicial.
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