La Defensora de Menores de General Roca Elizabeth Quesada explicó el complicado trámite judicial que surgió en General Roca con un matrimonio que prohibió la vacunación de su bebé, con dosis del calendario nacional: Hepatitis B y vitamina k para evitar la enfermedad hemorrágica en el recién nacido.
La situación se dio en una clínica y la defensora actuó de oficio cuando le acercaron información sobre el problema, en defensa del menor de acuerdo a legislación vigente.
“Hay un conflicto de intereses entre los papás y el niño, la Defensoría debe intervenir de manera autónoma, y en este caso inicié una acción legal para que lo vacunen”, dijo Quesada en diálogo con Radio Seis, explicando que al detectarse esto la vacunación es “exigible” y la actitud de los padres “no punible”.
Indicó que hay dos transgresiones, una que pone en juego cuestiones de la salud pública y otra a la Ley 26.061, de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, según la que se debe respetar las pautas culturales o religiosas familiares “siempre que no afecten integridad vida de niño”.
“Acá están implicadas ambas leyes, y un cambio de paradigma. Antes se hablaba de la ‘potestad’ de los padres de decidir sobre sus hijos, y hoy de la ‘responsabilidad’ de protección. Esto es lo que indica la vacunación”, agregó.
Lo que sucedió a partir de la petición de la defensora al juez es singular. Relató que llegó el oficio de vacunación a la clínica y ya se habían ido. Luego buscaron a la familia en el domicilio que habían dado y no había nadie. Los ubicaron en un balneario, y les dieron 5 días para ir a vacunar al niño. Entonces la defensora emitió un oficio para obligar a Salud Pública a vacunarlo.
“Estamos en ese proceso”, señaló Quesada, sin imaginar cómo terminará el suceso.
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