Por VDM Noticias
El comisario Daniel Eduardo González accedió al beneficio de la probation a cambio de 50 horas de trabajo comunitario, el pago de 50 mil pesos y la realización de un curso de 30 horas en la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, con el fin de limpiar sus antecedentes penales tras ser denunciado por apología del genocidio de la última dictadura cívico-militar.
Esta mañana se celebró la audiencia en la que se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos y la defensa de González.
El imputado accedió a la Suspensión de Juicio a Prueba (probation) porque no tiene antecedentes penales y la pena prevista para el delito es de cumplimiento condicional. El proceso "no implica reconocimiento de culpabilidad ni de inocencia" y extingue la acción penal.
La Secretaría que impulsó la denuncia el año pasado participó como querellante, y el actual secretario, Roberto Ferrero, solicitó que el comisario ofreciera una disculpa pública por su acción.
"No se hizo apología de un delito común, se hizo apología de un delito considerado de lesa humanidad. Nuestra corte suprema habla del uso del Falcon verde como parte de un plan sistemático de la represión ilegal. Todos sabíamos cuál era la función de esos autos. Eran fuerzas parapoliciales. La idea era que la zona se libere", recordó Ferrero.
En ese marco, planteó que "estamos juzgando la actitud de alguien que porta un arma en resguardo de todos nosotros. Si hay alguna acción lógica y posible que es el monopolio del uso de la fuerza, nadie mejor que una Comisaría represente ese monopolio. Por eso quiero hacer hincapié en que el delito afecta la tranquilidad pública", agregó.
Finalmente, preguntó "¿cómo puede ser que, luego de 40 años de democracia, un comisario exprese ese tipo de pensamientos haciendo apología de un delito que sigue siendo de lesa humanidad?", y planteó que "por eso hace falta un ofrecimiento de disculpas a los miles de personas que se sintieron afectados cuando vieron ese posteo con una marcha militar detrás".
"Es conducente para toda la fuerza porque este comisario va a seguir siendo comisario y va a seguir teniendo la competencia de estar armado en tutela de todos nosotros. De aquí podemos salir todos en mejor situación, sobre todo el mismo policía y la fuerza policial va a incorporar a un mejor comisario", concluyó.
La fiscal Yanina Estela Passarelli aceptó la salida alternativa propuesta y se manifestó contraria al pedido de disculpas. "Un pedido de disculpas siempre es bienvenido, pero no puede imponerse como una pauta si no acepta la parte involucrada", afirmó.
Por su parte, González estuvo de acuerdo con realizar las disculpas por la misma vía por la que cometió el agravio, es decir, un estado de WhatsApp, además de mantener pautas de conducta por 1 año (fijar domicilio y someterse al control del IAPL), 50 horas de trabajo comunitario en un comedor de una Iglesia Evangélica, pagar 50 mil pesos destinados a la Secretaría de DDHH y realizar un curso de 30 horas en ese organismo.
El juez de Garantías Favio Corvalán aceptó la propuesta y afirmó que la disculpa pública "no implica reconocimiento de un delito" y que sería "razonable y apropiada". "Se me ocurrió que podría ser después del curso para que muestre una reflexión y un cambio de conducta futura", aseguró.
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