(Bariloche2000) - Ayer, miércoles, se cerró un acuerdo histórico en Bariloche para comenzar a regularizar el suministro eléctrico en los barrios populares y asentamientos de la ciudad. El plan contempla la instalación de medidores individuales para unos 1.700 usuarios que actualmente se encuentran “colgados” del servicio, generando costos significativos al municipio.
La reunión contó con la participación del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas (IMPVHS), la Mesa de Barrios Populares, representantes del Concejo Municipal, vecinos afectados, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y, por primera vez, el Ente Regulador Provincial de la Electricidad (EPRE), representado por su presidente, Juan Justo, quien asistió de manera virtual.
El impacto de las conexiones clandestinas es alarmante. Cada mes, el municipio debe cubrir una factura de aproximadamente 200 millones de pesos, generada por los llamados “tableros comunitarios”. Este costo se eleva en invierno, cuando los usuarios utilizan la electricidad para calefacción, dada la falta de alternativas.
Tomás Guevara, referente del IMTVHS, destacó la relevancia de este primer paso: “Los actores involucrados son muchos y siempre los mismos. Lo que pasa es que estaba costando que se sienten todos en una misma mesa”, expresó en diálogo con Radio Seis. Guevara también subrayó que desde su llegada al instituto detectó una falta de conducción política que frenaba avances en temas cruciales, como este. “Lo que pasó ayer es un inicio del camino. Ya vamos a ver cómo continúa, pero por primera vez se sentaron todos los actores”, añadió.
La instalación de medidores individuales no solo permitirá un acceso más equitativo al servicio, sino que también resolverá problemas recurrentes como la quema de equipos y sobrecargas en las redes comunitarias, cuyo mantenimiento es afrontado por los propios vecinos. A pesar de la obligación de pagar por la electricidad, muchos habitantes ven con buenos ojos la medida, pues garantiza mayor confiabilidad.
Sin embargo, pidieron facilidades para adquirir los pilares individuales necesarios y acceso a la tarifa social. “Hoy no tenemos tarifa social, aunque cumplimos con los requisitos”, afirmó una vecina del barrio Alun Ruca.
"Falta que todos los actores tengan la misma bajada de línea, la misma conducción, la misma orientación de lo que quieren hacer y, obviamente, hay una cuestión social que hay que atender", sostuve Guevara.
Desde el EPRE se mostraron optimistas y aseguraron que ya existen planes de regularización aplicados en otras localidades de la provincia que podrían replicarse en Bariloche. Además, recalcaron que no será necesario contar con planos ni mensuras para acceder a los medidores, bastando un croquis básico, lo que simplifica enormemente los trámites.
Por su parte, Luciano Celsi, representante de la Mesa de Barrios Populares, recordó que existen 38 asentamientos reconocidos bajo esa categoría en Bariloche y que la situación de muchos de ellos es “particularmente compleja”. Según Celsi, cualquier plan de regularización deberá considerar el crecimiento poblacional de la ciudad y las dificultades específicas de estos barrios.
La próxima semana, las partes volverán a reunirse en una “mesa de trabajo” para afinar los detalles del proyecto y avanzar en su implementación.
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