El miércoles 6 de noviembre marcará un hito importante para más de 15.000 familias patagónicas que, desde julio de 2022, estuvieron esperando una solución a la falta de factibilidad para nuevas conexiones de gas natural. En una conferencia de prensa que tendrá lugar a las 11 horas en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro, representantes del Colegio, la Asociación de Gasistas Matriculados, la ONG CODEC, legisladores locales y usuarios afectados presentarán el registro regional de afectados. Esta iniciativa no solo busca visibilizar la problemática, sino también dar un paso clave hacia la resolución del conflicto mediante un reclamo judicial colectivo.
El evento, que se llevará a cabo en el edificio ubicado en calle Moreno 69, en el 5.° piso, tiene como principal objetivo abrir un espacio para que los usuarios puedan registrar su situación a través de un sitio web oficial. Allí podrán cargar información relevante sobre su caso particular, incluyendo el perjuicio económico que sufrieron como consecuencia de la falta de gas natural, un servicio esencial en la región. Este registro será la base de una acción judicial que estima un monto de compensación de 10.000 millones de pesos anuales, cifra que supera con creces el costo necesario para ejecutar las obras de expansión de la red.
Estas obras, que se encuentran nuevamente bajo la responsabilidad de la empresa Camuzzi, habían sido comprometidas en el período 2017-2024, pero aún no se concretaron. Con un costo aproximado de 7 millones de dólares, es decir, unos 400 dólares por cada familia afectada, las obras representan una inversión mínima en comparación con las pérdidas que genera su ausencia. Según los especialistas, la demora en su ejecución no solo impacta en el bienestar de las familias, sino que también podría generar una pérdida en la capacidad de transporte del gasoducto, que se reduciría en un 20%, pasando de 1,5 millones de metros cúbicos diarios a solo 1,2 millones.
El informe que se presentará durante la conferencia también revelará el impacto de esta situación en la seguridad de los hogares, ya que la falta de acceso al gas natural forzó a muchas familias a recurrir a fuentes de energía alternativas, más inseguras y costosas. En San Carlos de Bariloche, por ejemplo, se registró un promedio de un incendio cada dos días durante el invierno debido al uso de estufas eléctricas y otros métodos improvisados de calefacción, lo que elevó la tasa de siniestros domiciliarios a niveles alarmantes.
El registro y la acción judicial que se pondrán en marcha tienen como fin, además de obtener una solución definitiva, alertar sobre los riesgos asociados a la falta de gas natural. Las familias de Chubut, Río Negro y Neuquén siguen esperando una respuesta concreta que les permita acceder a un servicio básico que en muchas partes del país se da por sentado.
Según los organizadores del evento, la deuda histórica con los usuarios de la región patagónica es evidente, y el costo de no realizar las obras necesarias afecta tanto a las familias como al sistema en su conjunto. El registro no solo permitirá dimensionar el impacto económico, sino que también servirá como herramienta para impulsar el reclamo ante la justicia.
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