El conflicto por la ocupación de tierras en Villa Mascardi, protagonizado por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, llegó a un punto álgido el lunes pasado con la sentencia en contra de los acusados de usurpación. Este caso, que inició en 2017 con la ocupación de siete hectáreas en el Parque Nacional Nahuel Huapi, sigue generando debate por las implicancias políticas y judiciales que lo rodean.
Eduardo Soares, abogado de la gremial y defensor de la comunidad mapuche, aseguró que el fallo judicial no sorprendió a la defensa. “Nosotros creemos y dijimos en un primer momento que la sentencia estaba redactada, firmada y elaborada. De hecho, hoy recibimos la sentencia de 200 páginas. O sea, que el juez tardó un día en escribir 200 páginas. Es más que obvio que aparecen otros factores, y eso es lo que la gremial de abogados denunció en un primer momento”, expresó en diálogo con Engranaje de Radio Seis.
El conflicto escaló cuando la comunidad Winkul Mapu se instaló en tierras cercanas al lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche, en lo que describieron como una reivindicación ancestral. En aquel entonces, la administración del expresidente Mauricio Macri, a través de Parques Nacionales, presentó una denuncia por usurpación que luego fue retirada bajo el mandato de Alberto Fernández. Sin embargo, la acusación se reactivó con el actual gobierno de Javier Milei, y el caso avanzó hasta llegar a esta reciente sentencia.
Soares señaló que el juicio estuvo marcado por la parcialidad en la valoración de las pruebas. “Los juicios se ganan y se pierden en virtud de las pruebas. Pero también, el código de procedimiento le dice a los jueces cómo producir una resolución en virtud de lo que llaman la sala crítica racional, la experiencia de vida, la libre convicción. Hace años atrás, los juicios se ganaban o se perdían en base a la cantidad de pruebas”, explicó el abogado.
En este sentido, criticó duramente la actitud del tribunal, argumentando que se dio prioridad a los testimonios de las fuerzas de seguridad por sobre los de los integrantes de la comunidad. “Hay dos grupos de pruebas: lo que dicen nuestros defendidos y lo que dice la policía, básicamente los prefectos que mataron a Rafita Nahuel, y Parques Nacionales. El juez le cree absolutamente a la policía, a los prefectos y a los funcionarios de Parques Nacionales. Así se desarrolló esto”, agregó.
El asesinato de Rafael Nahuel, joven de la comunidad mapuche, sigue siendo uno de los puntos más oscuros del conflicto. Ocurrió el 25 de noviembre de 2017, cuando efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval reprimieron en la zona, dos días después de haber desalojado el predio.
El contexto judicial en el que se desarrolló el juicio también fue objeto de crítica por parte de Soarez. Según el abogado, hubo un trato diferenciado hacia la defensa, lo que generó un ambiente hostil hacia la gremial de abogados. “Suspendieron las clases en todas las escuelas alrededor de Gendarmería. Yo cuando hago un juicio en Comodoro Py, entro como Pancho por mi casa. A mí nadie me revisa como me revisaron allá, y eso que acá se hacen juicios contra la expresidenta de la Nación, de lesa humanidad. Está claro que hay una actitud en contra nuestra, y la hubo desde un primer momento”, comentó Soares con indignación.
Para el abogado, el fondo del conflicto va más allá de lo judicial. Sostuvo que la cuestión territorial y social debe resolverse en mesas de negociación y no en tribunales. “La gremial de abogados ha entendido siempre que los conflictos territoriales se tienen que resolver fuera de las páginas del Código Penal. Los conflictos territoriales y los sociales se resuelven pacíficamente, en mesas de gestión, en mesas de negociación, incluso bajo fuego”, afirmó Soares.
El abogado de la comunidad mapuche invitó al juez a resolver el conflicto de una manera histórica, a través del diálogo. "Lo que va a pasar acá es que los hijos y nietos de las mujeres condenadas, van a seguir con los conflictos, porque esto no se va a resolver", agregó.
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