El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj,defendió y explicó las razones de la anulación de dos resoluciones promovidas por su antecesora Magdalena Odarda a favor de la comunidad Buenuleo, y en contra de privados cuyas casas y terrenos fueron ocupados en 2019; dijo que el organismo "no toma más decisiones inconsultas" y destacó que se restableció la "relación normal y federal con la provincia de Río Negro".
El viernes pasado se promulgó una resolución del presidente del INAI que anuló las 159 y 151 de su antecesora Magdalena Odarda, que avalaban a la comunidad Buenuleo como propietaria de casas y tierras privadas que habían tomado en 2019, y que la justicia sentenció como usurpadas, condenando a cinco mapuches y ordenando su desalojo.
"Fue una resolución no basada ni inspirada en un gesto político, ni atajo ideológico, sino corrigiendo un incumplimiento del INAI. Desde que asumimos tenemos el mandato presidencial de trabajar en el cumplimiento de las normas y leyes, con la mayor transparencia, y considerando que un derecho no puede ir en contra de los derechos de los demás. Además, debemos saber defender permanentemente la propiedad privada", sostuvo en diálogo con el programa Engranaje de Radio Seis.
Agregó que esta resolución como las demás del organismo son estudiadas por los equipos del INAI y "era la decisión que correspondía, considerando las anteriores nulidades que el INAI no podía sostener". Precisó que los puntos salientes de esas nulidades fueron la no consulta previa al propietario de uno de los terrenos en conflicto (Emilio Friedrich) y a la provincia de Río Negro, obligadas por ley.
Explicó que la resolución recorrió varios pasos administrativos, que le corresponden al INAI como instituto descentralizado, que va a cumplir 40 años en 2025, con potestad de tomar estas decisiones, "en función de los estudios de un equipo jurídico y otro del registro de tierras, además del registro de comunidades".
"Luego de una evaluación permanente dimos apertura a los expedientes como nunca antes se hizo, se le mostró a Friedrich todo el material que había, estudiamos las causas judiciales y adoptamos esta decisión. Nuestros equipos jurídicos y de registros son los profesionales con toda la experiencia, revisaron todo y se comprobó que las resoluciones estaban mal hechas. No hubo ni improvisación ni atajo político, ni se pasó por sobre la justicia, ni derechos de privados, ni obligaciones, ni por sobre la Provincia. Todo lo que se había omitido en las resoluciones anuladas", señaló.
Manifestó su convencimiento de que la gestión de Odarda le "dio un uso político" al INAI, y le negó participación al privado y a la Provincia, omitiendo la obligación legal.
Al respecto destacó que justo este miércoles firmó tres convenios con Weretilneck y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que son "fundamentales" para avanzar con el relevamiento de comunidades originarias (ver aparte) y el reconocimiento de la propiedad comunitaria: uno para el relevamiento de 25 comunidades (hay 60 pendientes en la Provincia); otro para la asistencia técnica para la consulta previa, libre e informada, como lo establece la ley para estos procesos; y otro de otorgamiento de personerías jurídicas.
"Retomamos la relación entre gobierno nacional a través del INAI y Río Negro, lo hicimos en 2017 cuando en la Presidencia de Mauricio Macri y yo era secretario de DDHH con el INAI bajo mi responsabilidad. Luego no hubo más relación ni acuerdos. Las decisiones del INAI eran todas unilaterales. Nosotros nos basamos en la participación esencial de cuatro actores en todos los procedimientos: las comunidades, los privados si los hay, las provincias y la Nación. Es la esencia del federalismo que nos hace como país", aseguró.
Agregó que desde su asunción continuaron "los relevamientos necesarios, ordenando y transparentando los procesos, de la mano de las provincias, que es la responsabilidad primaria. Antes el INAI actuó por 'motu proprio', obviando la opinión de provincias y privados".
Indicó que continuarán aplicando la ley 26.160 y antes de noviembre de 2025 deberán completar los relevamientos. "Es una ley 'de emergencia' que ya cumplió 18 años y pasó la supuesta emergencia. Pero hay que completar todos los relevamientos. Anteriormente, la falta de relación y de acuerdos, sumados al sesgo ideológico, imposibilitaron el diálogo y la aplicación de la ley", precisó.
Por otro lado, evitó dar mayores consideraciones sobre la denuncia penal del diputado nacional Sergio Capozzi, sobre 81 resoluciones del INAI en las últimas semanas de la gestión anterior, cuando el organismo tenía un promedio de 118 resoluciones por año.
"Está en la justicia y nosotros a disposición. Aportamos todo lo que nos pida la justicias, como relevamientos, cuestiones jurídicas, estamos abiertos a lo que nos consulten los fiscales a cargo. Es llamativo el apuro que tuvieron al final para resoluciones con tanta demora anterior. Está la justicia trabajando en eso y las resoluciones siguen vigentes hasta que la justicia se expida y eventualmente pueden ser revisadas", explicó.
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