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Rechazan amparo contra la municipalidad

<b>El juzgado en primera instancia en lo civil, comercial y de minería nº5 rechazó un recurso de amparo presentado por una mujer contra la municipalid
28 octubre 2008, martes
(Por Marifer Guerra).- El juzgado en primera instancia en lo civil, comercial y de minería nº5 rechazó un recurso de amparo presentado por una mujer contra la municipalidad, por no haber conseguido vacante en jardín maternal cercano a su casa.

En su fallo, el juez Emilio Riat sostuvo que "uno de los requisitos para la procedencia de la acción de amparo es que el acto lesivo contra el cual se deduzca el amparo revista de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta".

Y consideró que en dicho caso la amparista no denuncia ni tampoco se advierte la existencia de un acto ilegítimo o arbitrario por parte de la Muncipalidad.

Al contrario, "la respuesta de la Muncipalidad posee fundamento en la inexistencia de vacantes en dos de los jardines donde la amparista solicitaba vacante, pero no así respecto al ubicado en la barrio Eva Perón".

Agregó que si el jardin ofrecido quedaba lejos de su casa y su trabajo es "una problemática que escapa al ámbito del Poder Jurisdiccional, por lo que más allá de la situación descripta, resulta imposible darle una solución dentro de este ámbito, por no ser una función propia del poder asignada por la Constitución Nacional.

Caso contrario se estaría invadiendo las esferas que son propias de otro poder y afectando así la división de poderes, principio fundamental en el funcionamiento de la Constitución Nacional".

Finalmente sostuvo que "el desamparo que expone la actora y en que funda su presentación, si bien revelador de un dramático cuadro social, no puede ser resuelto por la Corte, toda vez que no es de su competencia valorar o emitir juicios generales de las situaciones cuyo gobierno no le está encomendando ni asignar discrecionalmente los recursos presupuestarios disponibles, pues no es a ella a la que la Constitución le encomienda la satisfacción del bienestar general en los términos del art. 75".

Recordó así mismo que la acción de amparo "no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar las instituciones vigentes ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces, a quienes no les corresponde el control del acierto con que la Administración desempeña las funciones que la ley le encomendó válidamente o la razonabilidad con que ejerce sus atribuciones propias..."

Condenan a la Municipalidad de El Bolsón a
pagar 5.072 pesos a empleada despedida

La cámara Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial hizo lugar a la demanda presentada por una mujer que fue despedida por la Municipalidad de El Bolsón. Le deberá abonar un total de 5.072, 35 pesos en concepto de indemnizaciones por antigüedad, preaviso, integración del mes despido e intereses.

La abogada María Teresa Hube promueve demanda laboral contra la Municipalidad a fin de que se la condene al pago de la suma de 10.222,20 pesos, con más el accesorio de los intereses y las costas del juicio.

Sostiene para ello que su representada prestó servicios para la Municipalidad de El Bolsón, desde mediados del año 2003, dentro del marco de un Plan Social, para ser incorporada como empleada administrativa a partir del 8 de diciembre del mismo año. Que a partir de diciembre de 2.004 fue destinada por la administración municipal a prestar tareas en la Agencia de Desarrollo de el Bolsón - El Manso, hasta que por una desinteligencia política entre el intendente y el Delegado de la Agencia, que derivó en el cierre de la dependencia administrativa fue imprevistamente cesanteada, el 30 de abril de 2.007, para ser operativa a partir del día siguiente, 1 de mayo.

Desde la municipalidad le responden que cumplía funciones como contratada, es decir, como agente transitorio en los términos del art. 8 del Estatuto del Empleado Público Municipal. "Por lo tanto el contrato puede ser resuelto por la sola voluntad del poder administrador, sin ningún tipo de resarcimiento". La parte actora concluye que no era personal de carácter “transitorio” sino que estaba contratada por tiempo indeterminado para cumplir tareas permanentes, sin concurso previo, y ello es así, porque “en materia laboral rige el principio de primacía de la realidad, por la cual la naturaleza de las relaciones debe determinarse por el examen de las características que las conforman y definan en la realidad de los hechos y no por documentaciones –en el caso, contrato de locación de servicios”.

El juez en su fallo consideró que si bien su ingreso se produjo por un acto administrativo que le atribuía calidad de "contratada" sin fecha que acotara la relación a un período determinado, en esta Provincia, por norma constitucional, el status de empleado público se adquiere solo si se ha accedido al cargo mediante el pertinente concurso."

"Como se advierte en el presente caso la contratación irregular de la actora fué y se mantuvo sine díe, hasta que de buenas a primeras -propio acto del príncipe- Troglia fué cesanteada. De un día para el otro, sin posibilidades de previsionar su futuro a partir del cese", expresa el juez.

Por ello, consideró que indudablemente este accionar de la administración resulta lesivo para la agente, "no solamente desde el punto de vista económico, sino además moral, ya que la pérdida de su salario repercute directamente en su ánimo, al verse privada de cumplir sus obligaciones de manutención en relación a su hija".

Proponen que los miembros
del futuro STJ sean de distinto sexo

“En ningún caso los tres miembros que integran el Superior Tribunal de Justicia podrán ser del mismo sexo”, así lo propone la legisladora Graciela Grill (Alianza) en el articulado de un proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica del Poder Judicial de Río Negro.

Grill sostiene que “dentro del espíritu de la ley de participación igualitaria de género o ley de cupos, es que necesitamos reformar nuestra legislación para que dentro de este Poder del Estado provincial ambos sexos tengan representación”.

Según la legisladora, “no hay una causal precisa de por qué no existe la conformación propuesta en este proyecto en la conducción de dicho Poder”.

Cree que esta situación tiene su origen en una cuestión cultural que se debe erradicar de las instituciones: en la afirmación de una relación de poder en el manejo de los resortes del Estado por la que no hay una mujer integrando el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

“¿O no hay mujeres abogadas capaces de tener ese nivel de responsabilidad? ¿O creemos que las mujeres son distintas e incapaces de conducir un órgano judicial de estas características? ¿Por qué históricamente no se ha tenido debidamente en cuenta en las designaciones?”, cuestiona la parlamentaria.

“Es nuestra responsabilidad como representantes del Pueblo rionegrino promover y actuar modificando las leyes que sean necesarias cuando vemos que hay una distorsión en la práctica de una normativa bien establecida —asegura Grill—, por ello debemos actuar teniendo en cuenta que si naturalmente la tradición, la costumbre, las prácticas habituales de la política que hacen que determinado hecho no suceda, nosotros debemos explícitamente considerarlo, si es que es para mejorar y crecer en el funcionamiento institucional”.

Para la legisladora, se debe promover la participación igualitaria de género en las instituciones, para anticiparse a las posibles discriminaciones que puedan suceder por acción u omisión de cualquier característica que se presente.

“En el caso de nuestra vida institucional como Provincia, en toda la historia de integraciones del Superior Tribunal de Justicia Provincial, de 32 designaciones, sólo dos mujeres integraron el Superior Tribunal de Justicia, la doctora Campano Graciela Nelva, de 1971 a 1973, y la doctora Nelly Azucena Flores, de 1990 al 95”, destacó.

Grill considera que como en este momento no hay vacantes en el máximo tribunal provincial, es posible trabajar en el diseño del sistema de designación de sus jueces de modo que un sistema más democrático comience a ser aplicado ante la futura generación de vacantes.

“Esto no significa modificar el sistema dispuesto por la Constitución provincial —asegura—, sino simplemente introducir mecanismos que lo complementen y refuercen. De esta manera se podría revestir a los nombramientos de los integrantes del Superior Tribunal provincial de mayor legitimidad democrática y mostrar a la ciudadanía el compromiso de los poderes ejecutivo y legislativo provinciales con el fortalecimiento del Poder Judicial”.

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