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La Argentina del ajuste y los tarifazos (segunda parte)

El columnista Hugo José Monasterio presenta la segunda parte de su informe sobre la situación económica del país en la actualidad.

La Argentina del ajuste y los tarifazos (segunda parte)
Por Hugo José Monasterio para B2000

I. Las modificaciones tarifarias (en especial, para el servicio de gas) han provocado justas quejas populares. El disparador de estos reclamos estuvo dado por los nuevos importes facturados, inusitadamente superiores a los valores previos (tanto para consumos domiciliarios, como de empresas e instituciones).

El enojo de la gente fue más que comprensible. Sin embargo, muy pocas autoridades jurisdiccionales, organizaciones intermedias y sindicatos se detuvieron a leer los Anexos III, IV y VII de la Resolución MINEM 28/2016 (hoy anulados y, por ende, sin vigencia).

Ahí (como en la MINEM 31/2016) se indicaba el modo en que iban a cambiar y luego bonificarse las tarifas de distribución y transporte del gas natural. De su lectura resulta, por ejemplo, que para establecimientos de gran envergadura, incrementos que nominalmente ascendían a 2.000% terminaban reduciéndose a 800%.

Se detallaban, asimismo, las modalidades de rebajas especiales para asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro, clubes deportivos, entidades vecinales, prestadoras de servicios humanitarios (comedores barriales y albergues sociales) e instituciones públicas administrativas, hospitalarias, educativas y de seguridad. 

Se especificaban también los premios por menor consumo para hogares de las categorías R1, R2-3 y R3-1 a R3-4.

Se daban los requisitos para gestionar la tarifa social y se notificaba una bonificación de 100% en el “componente gas” para quienes cumplieran esas condiciones.

Por último ratificaba que las 2.804.160 familias del Plan “Hogar” que hoy reciben garrafas bonificadas de gas licuado, continuarán con ese beneficio.

II. El gobierno advirtió tardíamente que la redacción de la MINEM 28/16 fue notablemente confusa y engorrosa, e inducía al error tanto a sus propios funcionarios como a prestadores de servicios. Ahora rige, en reemplazo, un acuerdo con los gobernadores, en el que se conservan beneficios y subsidios ya  otorgados.

III. Lo llamativo fue que, anulada la Resolución, suspendidas las facturaciones, aceptados los amparos individuales y colectivos,  y celebrado el acuerdo con los mandatarios provinciales, continuaron las marchas y asambleas contra un tarifazo que ya era historia.
Ambas CTA irrumpieron, en efecto, en el centro de Buenos Aires para exigir que se deje sin efectos una norma que ya no tenía efectos.

Acoplándose a esa protesta, dos días después “Barrios de Pie” cortó la totalidad de ingresos a la Capital. Cuando funcionarios de Desarrollo Social les aclararon que las tarifas sociales y garrafas bonificadas nunca habían sido suspendidas, reclamaron asistencia alimentaria. Horas después la Gobernadora Vidal y la Ministra Carolina Stanley exhibieron pruebas documentales de que en los últimos 2 meses esa organización recibió 76 toneladas de alimentos básicos y no perecederos.

Luego veintidós personas (según el conteo de la Policía Metropolitana), pertenecientes a la misma “Barrios de Pie”, cortaron Callao y Corrientes a las 7 de la mañana, impidiendo el paso de decenas de miles de vehículos en horario pico laboral y escolar. Según se justificaron después, no sabían que los aumentos en el gas envasado estaban anulados.

El 10 de junio encapuchados de “Resistencia Popular” y “Movimiento Argentina Rebelde” reiteraron el procedimiento.

IV. Está claro el pleno derecho a reclamar contra la pobreza, el hambre, la desocupación, la falta de viviendas, la carencia de servicios; pero no a costa de perjudicar a otros que deben cumplir con sus obligaciones laborales (más aún, cuando nadie en el gobierno mostró siquiera alguna mínima intención de judicializar a la protesta social, ni desconocen que la población está pasando por un trance extremadamente duro). Al final, esas actitudes compulsivas conducen a lamentables episodios de crispación y actos agresivos de pobres contra pobres.  

Renglón aparte merecen aquellos políticos (Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Verónica Magario) y gremialistas que, en la convulsión, agitan permanentemente las aguas para llevarlas a su propio molino. Esto se ha visto tanto en grandes ciudades como pequeños pueblos; e, incluso, en Bariloche (durante la asamblea popular en el Centro Cívico era evidente que funcionarios y dirigentes opositores se salían de la vaina por asumir un rol protagónico en la protesta; sin embargo, no pudieron: desde el principio la convocatoria fue muy clara en cuanto a que no respondía a banderías partidarias de ningún tipo).

V. El gobierno nacional se ha mostrado como un inexperto administrador de los tiempos políticos. Y, además, flojísimo difusor de informaciones: comunicó mal a la prensa, mal a la población y mal a las distribuidoras (que facturaron lo que interpretaron, o lo que quisieron leer en las reglamentaciones recibidas).

Frente a lo que le queda por recorrer, Macri deberá aprender a coordinar, transmitir y clarificar el alcance de sus decisiones (algo que Cristina terminó cargando sobre sus espaldas a través de mil cadenas nacionales, porque -según pensaba-  Víctor Hugo, Página/12, C5N, 6-7-8, Tiempo Argentino, Capitanich, no eran suficientemente efectivos).

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