A través de un proyecto de los concejales Alves y Otano, el Concejo debatirá cómo reglamentar a los lugares que realizan tatuajes y colocan aros o "piercing" en Bariloche. Advierten la necesidad de contar con pautas de higiene y salubridad y limitar el acceso de los menores de 18 años. Foto Alejandra Bartoliche.
Los concejales de la Concertación, Laura Alves y Claudio Otano, presentaron un proyecto para reglamentar la realización de tatuajes y la inserción de anillos, aros u otros objetos en el cuerpo humano con "fines exclusivamente estéticos" en Bariloche.
El proyecto está orientado a enmarcar una actividad cada vez más aceptada socialmente y principalmente difundida entre los más jóvenes y avanza fuertemente en la puesta de límites a los menores de 18 años y en el establecimiento de condiciones de higiene y salubridad. Establece además que la actividad solo podrá realizarse en lugares habilitados para tal fin y prohíbe expresamente su desarrollo en la vía pública “incluyendo todo tipo de ferias dentro del ejido de San Carlos de Bariloche”.
En los fundamentos se advierte que, por lo general, se desconoce que este tipo de prácticas implican riesgos de transmisión de enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B y C y el VIH-Sida. Por otro lado, también puede provocar enfermedades no contagiosas como alergias, hiperplasia y psoriasis, entre otras siempre que no se realicen los procedimientos debidos, las técnicas de esterilización y posteriores cuidados para una buena cicatrización.
“Dado que en nuestra ciudad no está reglamentado, existen numerosos comercios habilitados con otro fin, y sin embargo practican esta actividad, bajo circunstancias en las que se desconoce si poseen las condiciones mínimas indispensables de higiene”, expresan los concejales.
Dentro de las pautas de funcionamiento que se buscan instrumentar, el proyecto establece requisitos como la creación de un registro de clientes en el que quedará asentada la fecha del día de la contratación, descripción del trabajo a realizar, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, firma del cliente y de la persona a realizar el trabajo.
En el caso de menores de 18 años, deberán concurrir con el padre, madre o tutor quienes además deberán firmar una autorización, se anotarán en el registro de clientes y adjuntarán una copia de la documentación que avale el vínculo.
También hace especial hincapié en las condiciones de higiene y en la utilización “sin excepciones” de agujas descartables “que deberán retirarse de su envoltorio original delante del cliente para su único uso”.
“Al finalizarse cada práctica, que será única e individual, se deberá descontaminar, higienizar y desinfectar todos los elementos utilizados no descartables, incluyendo mobiliario, pisos y paredes. Utilizando las soluciones recomendadas por el Consejo Provincial de Salud”, expresa el proyecto.
Crea además el Registro Municipal de Tatuadores y el Registro Municipal de Colocadores de Piercing, que serán actualizados anualmente bajo la órbita de la Dirección de Inspección General. Para ser habilitados, los tatuadores y colocadores de aros deberán acreditar su identidad, presentar la libreta sanitaria actualizada y certificados de vacunación contra hepatitis B y tétanos. También tendrán que presentar un certificado de capacitación en primeros auxilios otorgado por autoridad pública competente.
Entre otros requisitos, el proyecto establece además que la actividad solo será compatible con los rubros de venta de indumentaria y regalaría y que estará prohibida su habilitación en viviendas particulares.
Cada local deberá contar, como mínimo, con una sala de espera, un gabinete exclusivo para la realización de tatuajes y/o inserciones de piercing, un baño privado y un equipo de esterilización por “sistema autoclave” aplicable a todo el material reutilizable.
Para la obtención de la habilitación comercial los interesados deberán presentar la inscripción en el registro provincial de Generadores de Residuos Patógenos y adherir a un servicio médico de emergencias.
En caso de no ser respetada la reglamentación cuyo cumplimiento estará bajo el control de la Dirección de Inspección General, se prevé la aplicación de castigos que van desde el apercibimiento, la implementación de multas de 200 a 2.000 módulos fiscales (2 pesos) hasta la clausura definitiva del lugar.
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